La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó que “es un retroceso sin precedentes en materia de derechos».

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, calificó este jueves en una resolución, de “idiota”, “imbécil” y “débil mental” a personas con discapacidades vinculadas a la salud mental, psíquica o la cognición.

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Con una actitud discriminadora, el Gobierno argentino que encabeza Milei refirió que la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), estableció nuevos criterios para otorgar pensiones no contributivas en la que utiliza expresiones peyorativas y retoma un modelo médico retrógrado para medir la “invalidez laboral”.

Entre tanto, la referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Ana Dones manifestó que “es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”.

Tiempo Argentino mencionó que, según «entidades civiles a Contraeditorial, la norma atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país, poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales. Cabe resaltar que con este motivo ya se presentó un recurso administrativo que, de ser con resultado negativo, permitirá la judicialización del conflicto».

Asimismo, la plataforma agrega que las modificaciones al esquema de otorgamiento de las pensiones no contributivas ya habían comenzado con cambio de paradigma a partir del decreto 843/24 publicado en septiembre del 2024 en el que se incluyó un requisito inexistente hasta entonces, la condición y medición de la “invalidez laboral”.

Con anterioridad el Gobierno ya había desfinanciado a Andis, organismo que se encargaba de velar por los derechos de las personas con discapacidad. De igual manera se desfinanciaron los hogares que dependen de esta institución, que se encuentran al borde del cierre.

Por otro lado, al precisar que esa “resolución tiene como objeto establecer un nuevo baremo para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva (a enero de este año, su valor es de 261 mil pesos)”, Página 12 refirió que” se publicó en el marco de las auditorías que viene realizando el Gobierno para justificar la baja por lo menos 200.000 pensiones este año”.

Tiempo después Andis dijo a través de un comunicado, que los términos utilizados en la publicación de la resolución 187/2025  “no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”.

La “normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”.

La Resolución 187/2025 y su anexo “serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales”, dijo.

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